El 20 de agosto de 2026, la justicia china condenó a prisión perpetua a Hui Ka Yan, fundador de Evergrande y durante años uno de los hombres más ricos de Asia. La sentencia incluyó la confiscación de todo su patrimonio y la pérdida vitalicia de sus derechos políticos. Evergrande fue multada con 8.820 millones de yuanes y su principal filial inmobiliaria, Hengda Real Estate, con otros 7.000 millones, mientras que otras 56 personas fueron condenadas.
La sentencia cierra simbólicamente uno de los capítulos más contradictorios del crecimiento económico chino. Evergrande fue una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias del mundo y acumuló obligaciones superiores a los 300.000 millones de dólares, convirtiéndose en la expresión extrema de la financiarización y la especulación inmobiliaria china. Su caída plantea una pregunta que también atravesó la crisis occidental de 2008: cuando estalla la burbuja financiera, ¿quién paga los costos?
Del propósito de las viviendas al negocio de la deuda
La Reforma y Apertura iniciada a fines de los años setenta produjo una transformación económica sin precedentes. La industrialización y la urbanización requirieron enormes inversiones y una expansión de los mecanismos de mercado. Ese crecimiento permitió que cerca de 800 millones de personas salieran de la pobreza extrema, pero también introdujo algunas de las contradicciones propias de la economía capitalista.
Una de las principales apareció en el mercado inmobiliario. La vivienda pasó progresivamente de ser una necesidad asociada a la urbanización a convertirse también en un activo financiero. Gobiernos locales dependientes de la venta de tierras, desarrolladores privados, bancos e inversores alimentaron un mercado que parecía destinado a crecer indefinidamente.
Evergrande llevó este mecanismo al extremo. Fundada por Hui en 1996, basó su expansión en el endeudamiento y las ventas a futuro: compraba tierras, anunciaba complejos y vendía departamentos antes de construirlos. Los anticipos financiaban las obras y nuevos emprendimientos, junto con préstamos bancarios, deuda con proveedores y emisión de bonos.
En su mayor expansión, Evergrande registró ventas anuales cercanas a los 100.000 millones de dólares, mientras en 2017 la fortuna de Hui alcanzaba los 45.300 millones. Debajo de esa riqueza se acumulaba, sin embargo, una estructura financiera cada vez más frágil.
Cuando Beijing decidió frenar la rueda
El Estado chino llevaba tiempo intentando contener el endeudamiento inmobiliario. En agosto de 2020 estableció las llamadas “tres líneas rojas”: límites sobre la relación entre pasivos y activos, deuda neta y disponibilidad de efectivo. Su cumplimiento determinaba la capacidad de las empresas para continuar endeudándose.
Evergrande incumplía esos límites. Cuando se restringió su acceso a nueva financiación quedó expuesta la fragilidad de un modelo que necesitaba deuda creciente para sostenerse. Los incumplimientos comenzaron en 202, los proveedores dejaron de cobrar y las obras comenzaron a detenerse. El problema excedía a los acreedores: millones de familias habían pagado viviendas que todavía no estaban construidas.
¿Cómo Socialismo de mercado?
¿Qué tiene de socialista un país que atraviesa problemas similares a los que Occidente sufrió en 2008? ¿No se trata simplemente de capitalismo de Estado?
El caso Evergrande permite aproximarse a una respuesta. Los problemas generados por el mercado pueden ser similares; la diferencia aparece en la forma en que interviene el poder político y en los intereses que procura preservar. Beijing estableció una distinción fundamental: no era lo mismo salvar a Evergrande que proteger a quienes habían comprado sus viviendas.
La empresa entró en default en 2021. En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación. El proceso continuó en agosto de 2026, cuando el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou aceptó formalmente la liquidación por bancarrota de Hengda Real Estate.
Paralelamente, Beijing convirtió la finalización de las viviendas inconclusas en una prioridad mediante la política 保交房 —bao jiao fang, “garantizar la entrega de viviendas”—. Gobiernos locales, bancos y reguladores canalizaron financiamiento hacia proyectos viables mediante “listas blancas”. Para octubre de 2024 se habían entregado alrededor de 2,46 millones de viviendas mediante estas políticas.
La crisis inmobiliaria continúa siendo uno de los principales problemas económicos chinos. Pero la orientación política resulta significativa: Evergrande podía quebrar; las viviendas debían terminarse.
De multimillonario a condenado
La respuesta estatal tampoco terminó con la liquidación. La investigación judicial determinó que entre 2016 y 2021 Evergrande, su filial inmobiliaria y Hui recurrieron a falsificaciones financieras sistemáticas para inflar activos y ocultar pasivos, además de captación ilegal de depósitos, fraude y emisión irregular de títulos.
La investigación estableció también que Evergrande recurrió a sobornos para controlar instituciones financieras y obtener ilegalmente fondos del crédito y los seguros. La financiarización había llegado al extremo de penetrar las propias instituciones que debían financiar y controlar su expansión.
Hui se declaró culpable de ocho cargos y fue condenado a prisión perpetua, con confiscación de todos sus bienes y pérdida permanente de sus derechos políticos. En total fueron condenadas 56 personas. Uno de los hombres más ricos de Asia terminó sin empresa, sin patrimonio y condenado a pasar el resto de su vida en prisión.
El Estado por encima del mercado
Evergrande fue posible dentro de la transformación iniciada con la Reforma y Apertura. Los mecanismos de mercado produjeron crecimiento, innovación y enormes aumentos de productividad, pero también especulación, endeudamiento excesivo, concentración patrimonial y fortunas privadas colosales.
El caso muestra, sin embargo, un límite fundamental del modelo chino: la incorporación del mercado no significó la subordinación del poder político al poder económico que ese mismo mercado generó.
La comparación con la crisis internacional de 2008 resulta ilustrativa, aunque no se trate de procesos idénticos. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea movilizaron enormes recursos públicos para impedir el derrumbe de instituciones financieras sistémicas. En Estados Unidos, el Troubled Asset Relief Program (TARP) fue autorizado inicialmente por hasta 700.000 millones de dólares (U.S. Department of the Treasury, s. f.). Gran Bretaña destinó al menos 50.000 millones de libras a recapitalizar bancos, mientras la Unión Europea autorizó cientos de miles de millones de euros en recapitalizaciones y medidas vinculadas a activos deteriorados (Tribunal de Cuentas Europeo (ECA).
Existían razones para intervenir: un derrumbe generalizado podía desencadenar una depresión todavía mayor. Pero apareció una contradicción política fundamental: durante la expansión, los beneficios habían sido privados; llegada la crisis, una parte importante del riesgo fue transferida al Estado. Mientras se rescataban instituciones consideradas demasiado grandes para quebrar, millones de familias enfrentaban ejecuciones hipotecarias, desempleo y pérdidas patrimoniales
China tampoco evitó los costos de su crisis inmobiliaria, pero siguió con Evergrande una secuencia diferente: permitió la caída de la empresa, movilizó recursos para terminar las viviendas ya pagadas y avanzó posteriormente sobre el patrimonio y la responsabilidad penal de sus dirigentes.
Una advertencia para la Argentina
La enseñanza de Evergrande excede al mercado inmobiliario. La financiarización busca permanentemente nuevos espacios y tecnologías, y en la Argentina uno de sus síntomas es el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), procesados por el Instituto Argentina Grande, en diciembre de 2025 la morosidad alcanzaba el 19,3 % entre las personas endeudadas con Galicia, el 13,6 % con Mercado Pago, el 13,4 % con BBVA y el 12,3 % con Santander.
Mercado Pago expresa otra cara de la financiarización contemporánea: una plataforma nacida para facilitar el comercio electrónico se expandió hacia pagos, inversiones, tarjetas, seguros y crédito. Su morosidad pasó del 5,5 % en diciembre de 2024 al 13,6 % un año después, con alrededor de 277.850 millones de pesos de deuda irregular.
Evergrande y Mercado Pago no constituyen casos análogos, pero permiten observar un problema común: la actividad financiera puede expandirse más rápidamente que las instituciones destinadas a regularla y colonizar actividades originalmente ajenas al mundo financiero. ¿Quién controla esa expansión? ¿Qué límites existen para el endeudamiento? ¿Quién protege a quienes toman crédito y quién responde cuando aparecen las pérdidas? ¿Podría la Argentina implementar regulaciones capaces de ponerle un límite a Mercado Libre?
China permitió que Evergrande creciera demasiado antes de detenerla y pagó un costo enorme por ello. Pero, cuando la burbuja estalló, estableció una prioridad: proteger las viviendas antes que el patrimonio del magnate y exigir responsabilidades a quienes habían convertido un negocio inmobiliario en una gigantesca maquinaria financiera.
La experiencia occidental de 2008 mostró cómo el Estado puede socializar riesgos que durante la expansión habían permanecido privatizados. Frente a Evergrande, China tomó otro rumbo: permitió la caída de la empresa, priorizó las viviendas adquiridas y avanzó judicialmente contra el patrimonio y la responsabilidad penal de sus máximos dirigentes.
Esto no significa que China haya eliminado las contradicciones, desigualdades y crisis asociadas al mercado —Evergrande demuestra precisamente lo contrario—. Significa que, llegado el momento decisivo, el poder económico privado no consiguió situarse por encima del poder político. Allí puede observarse una naturaleza distinta del Estado y una diferencia sustantiva entre modelos económicos. El caso permite pensar concretamente la distancia entre las distintas variantes del capitalismo y aquello que China define como una economía socialista de mercado.
Es Profesor de Historia egresado de la UBA, docente en distintos niveles educativos y maestrando en Políticas de Vinculación con China por la UNPAZ. Trabaja en la Fundación por el Desarrollo Humano Integral. Es papá de Malena.
