El martes pasado, los 193 países miembro de la Organización de las Naciones Unidas votaron de manera secreta para la renovación de quince de los 47 miembros que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la organización.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en marzo de 2006, con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ello.

La conformación del Consejo está establecida en función de “cupos” regionales: hay 13 asientos para países africanos, 13 para países de Asia y el Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa Occidental y otros Estados y 6 para Europa Oriental. El mandato tiene una duración de tres años, y sólo son permitidos dos mandatos consecutivos.

En la votación realizada este año, no hubo grandes dificultades para la mayoría de las regiones: Costa de Marfil, Malaui, Gabón y Senegal se postularon para los cuatro escaños que renovaba África; Rusia y Ucrania para los dos lugares que renovaba Europa Oriental; México, Cuba y Bolivia para las tres vacantes Latinoamericanas, y Francia y Gran Bretaña para las dos de Europa Occidental.

Donde sí hubo contienda fue para los cuatro lugares de Asia y el Pacífico, ya que se presentaron cinco candidatos: Pakistán, Uzbekistán, Nepal, China y Arabia Saudita. De estos cinco, Pakistán obtuvo 169 votos, Uzbekistán 164, Nepal 150, China 139 y Arabia Saudita apenas 90, por lo que las cuatro primeras resultaron electas.

La elección de China para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa un fuerte espaldarazo de la comunidad internacional a la política de derechos humanos del gobierno chino, en el marco de fuerte presiones diplomáticas por parte de la administración norteamericana y de los medios de comunicación occidentales.

En este marco, el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo publicó en su cuenta de Twitter que repudiaba la elección de China, Rusia y Cuba para el Consejo de Derechos Humanos, y ratificó la postura de su país adoptada en 2018 de retirarse del Consejo.

Cabe destacar que en su último informe de julio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos emitió dictamen en relación a las situaciones de Nicaragua, Palestina, Irán, Siria, Corea del Norte, entre otros, a la vez que elaboró recomendaciones en torno a la libertad de expresión, las personas migrantes, el derecho al trabajo, las consecuencias de la deuda externa sobre los derechos económicos, políticos y sociales, el derecho a la alimentación, la salud mental y los derechos humanos, el derecho a la libertad religiosa y de creencias, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, entre otros.

En su mandato de tres años como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la política de China seguramente esté basada en los planteos de su reciente Libro Blanco “China y el mundo en la nueva era”, donde se afirma que “China aboga por que todos los países lo decidan a través de consultas y no por un solo país o una pequeña minoría de países (…) Promoveremos la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia, la libertad y otros derechos humanos comunes, haciendo que el sistema de gobernanza global refleje mejor los cambios en la arquitectura internacional y la voluntad del comunidad internacional de una manera más equilibrada”.

A su vez, en un Boletín de Prensa de la misión china ante la ONU, señalaron que China “promoverá activamente el intercambio y la cooperación internacionales en derechos humanos y se opondrá a la politización de las cuestiones de derechos humanos y a las prácticas erradas de la doble moral con el fin de hacer mayores aportaciones al desarrollo saludable de los derechos humanos internacionales”.

Los nuevos integrantes del Consejo asumirán sus bancas el 1 de enero de 2021, y tendrán como desafío generar propuestas e iniciativas para propiciar políticas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19, principalmente en aquellos sectores donde más ha golpeado la misma y en donde se hace necesario garantizar los derechos humanos desde una mirada integral, que contemple no solo las garantías individuales sino los derechos colectivos al trabajo, educación, salud, vivienda, etc.