En la actualidad China es el más grande emisor de gases de efecto invernadero a la vez que también es el mayor inversor en nuevas energías. En este panorama, las autoridades provinciales fijarán cuotas para la emisión de carbono de las centrales térmicas, con la posibilidad de que las empresas compren derechos de contaminación a otras con menor huella de carbono (creando así un comercio de derechos de emisión). Consciente de los riesgos ambientales y sociales que plantea el calentamiento global, China busca -con medidas como esta- ser un actor importante en la cumbre climática de la ONU en noviembre en Glasgow (COP26), ya que se comprometió a alcanzar el pico de sus emisiones de carbono en 2030 y la “neutralidad de carbono” en 2060.

Con el sistema de cuotas de emisión, las autoridades expiden un certificado por cada tonelada de dióxido de carbono (u otros gases de efecto invernadero) que una empresa está autorizada a emitir, en caso de no cumplir deberán abonar una multas. “Las empresas pueden reducir sus emisiones o pagar por contaminar. Pero esto se encarecerá con el tiempo, ya que los gobiernos concederán menos permisos de contaminación”, señala Zhang Jianyu, vicepresidente para China del grupo medioambiental estadounidense Environmental Defense Fund.

Este mercado de carbono permite a las autoridades provinciales fijar cuotas de emisiones para las centrales eléctricas térmicas y abarca a 2.225 grandes productores de electricidad que emiten 4.000 millones de toneladas anuales de gases causantes del calentamiento global, según la agencia oficial Xinhua. Según la Agencia Internacional de Energía (AIA), las empresas concernidas por las cuotas generan alrededor de una séptima parte de las emisiones globales de carbono a partir de combustibles fósiles y son responsables del 30% de los 13.920 millones de toneladas de gases de efecto invernadero emitidos por las fábricas chinas en 2019.

El plan original era cubrir el 70-80% de las emisiones del país, así como los grandes contaminantes de otros siete sectores, entre ellos la aviación, el acero y la petroquímica. Pero el Gobierno chino “revisó a la baja sus ambiciones”, considerando que el crecimiento económico era prioritario en el contexto de la recuperación poscovid, señala Lauri Myllyvirta, del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA)

En la actualidad, los permisos de contaminación se distribuyen gratuitamente en lugar de subastarse. El resultado es que hay menos incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones.

El gigante asiático busca fomentar la transparencia, por lo que las empresas tendrán que hacer públicos sus datos de contaminación y hacerlos verificar por terceros ya que, en los controles sorpresa del Ministerio de Medio Ambiente del mes pasado, se reveló que una de cada tres empresas emitía más CO2 del que declaraba.

China depende del carbón para el 60% de sus necesidades energéticas y, desde 2011, ha quemado más carbón cada año que el resto del mundo junto, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.