Este lunes, la administración de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra China y Hong Kong, esta vez contra cuatro altos funcionarios públicos acusándolos de ser los principales responsables de la elaboración, adopción o aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que rige en la ciudad de Hong Kong desde fines de junio de este año.

Los funcionarios alcanzados por las sanciones son Li Jiangzhou, director adjunto de la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional; Edwina Lau, jefa de la División de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong; Steve Li Kwai Wah, superintendente superior de la Policía; y Deng Zhonghua, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao.

Según el comunicado del Departamento de Estado a partir del cual se dio a conocer la noticia, estas sanciones fueron llevadas a cabo “para pedir cuentas a figuras claves que están destripando activamente las libertades del pueblo de Hong Kong y socavando su autonomía”.

Los cuatros funcionarios sancionados no podrán viajar a Estados Unidos, y también se les bloquearán sus activos que se encuentren dentro de la jurisdicción del país o que se encuentren en posesión o control de personas estadounidenses.

Desde Pekín, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin declaró que “las acciones de Estados Unidos son una injerencia abierta en los asuntos de Hong Kong y una flagrante injerencia en los asuntos internos de China, lo que socava gravemente los principios fundamentales del derecho y las relaciones internacionales”.

Por su parte, Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, en relación a las sanciones impuestas afirmó que “Estas acciones subrayan la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a las figuras clave que están destruyendo activamente las libertades del pueblo de Hong Kong y socavando la autonomía de Hong Kong “.

A su vez, el presidente ejecutivo interino de Hong Kong, Matthew Cheung, se refirió a las últimas sanciones estadounidenses como medidas “absolutamente inaceptables y tremendamente escandalosas”.

Anteriormente, Estados Unidos venía de suspender su tratado de extradición con Hong Kong, poner fin al tratamiento fiscal recíproco sobre el transporte marítimo con la excolonia británica y sancionar a Carrie Lam, la máxima líder de Hong Kong.

Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China, sostuvo que “El gobierno central chino apoya firmemente a los departamentos y personal pertinentes del gobierno de la RAEHK (Región Administrativa Especial de Hong Kong) en el desempeño de sus funciones conforme a la ley, para prevenir, detener y castigar cualquier acto y actividad que violen la ley de seguridad nacional y otras leyes de Hong Kong”.

Desde Pekín se exigió enfáticamente que Estados Unidos revirtiera las sanciones implementadas, y que cesara en su intervencionismo para con los asuntos internos del gobierno chino.